La Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional y autónomo regulado en la Constitución Política, cuyas funciones son: defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la adecuada prestación de los servicios públicos a la ciudadanía, mediando para llegar a una solución justa para el Estado y el particular, pero sobre todo para este último.